TeleSUR
El gobierno peruano otorgó este martes al líder indígena Alberto Pizango el salvoconducto que le permitirá salir de Perú y viajar a Nicaragua, país que le otorgó asilo político el pasado 9 de junio, informó la cancillería peruana."En la fecha, el Gobierno de Perú ha otorgado el salvoconducto al señor Segundo Alberto Pizango Chota, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Perú", señaló una nota oficial del Ministerio de Exteriores peruano publicada en su portal institucional.Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se refugió en la embajada de Nicaragua el 8 de junio pasado, luego de que el gobierno dictara una orden de captura en su contra por los supuestos delitos de instigación, secuestro, extorsión y disturbios, tras los trágicos sucesos que tuvieron lugar en Bagua, Amazonia peruana (norte), donde autoridades de ese país reprimieron a los nativos que protestaban por una serie de decretos que los aborígenes rechazan porque consideran que atentan contra sus derechos sociales y territoriales.
En esa oportunidad el embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, declaró que esta nación refugió a Pizango por considerar que su caso "tiene todas las características de perseguido político".
Por su parte, en entrevista concedida a teleSUR el pasado 19 de mayo, el líder indígena acusó al gobierno de su país de no tener "intención de atender las demandas de los pueblos originarios, que actualmente luchan contra la privatización de sus tierras en la Amazonia de ese país".
Dijo, además, que la medida en su contra evidencia que el Estado peruano buscaba criminalizar la propuesta de los pueblos indígenas.El operativo policial adelantado en la madrugada del viernes 5 de junio contra los indígenas provocó hechos violentos que dejaron un saldo de más de 40 fallecidos, según fuentes médicas, y más de un centenar de heridos.Sólo después de estos hechos, el gobierno aceleró la instalación de una mesa de diálogo con las comunidades indígenas, en la que no ha participado la Aidesep.El lunes, el primer ministro peruano Yehude Simon anunció que en la mesa de negociaciones se había acordado que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para derogar los decretos que originaron la protesta nativa.Cerca de 65 etnias de la Amazonia han impulsado la protesta desde el pasado 9 de abril, con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos que consideran son únicamente para viabilizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Perú con Estados Unidos.Los reglamentos que rechazan las etnias amazónicas son la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue suspendido la semana pasada por la facción oficialista del Congreso, es cuestionado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no se toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades, entre otras cosas.Por su parte, el decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan las etnias indígenas de la selva a sus terrenos.
El gobierno peruano otorgó este martes al líder indígena Alberto Pizango el salvoconducto que le permitirá salir de Perú y viajar a Nicaragua, país que le otorgó asilo político el pasado 9 de junio, informó la cancillería peruana."En la fecha, el Gobierno de Perú ha otorgado el salvoconducto al señor Segundo Alberto Pizango Chota, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Perú", señaló una nota oficial del Ministerio de Exteriores peruano publicada en su portal institucional.Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se refugió en la embajada de Nicaragua el 8 de junio pasado, luego de que el gobierno dictara una orden de captura en su contra por los supuestos delitos de instigación, secuestro, extorsión y disturbios, tras los trágicos sucesos que tuvieron lugar en Bagua, Amazonia peruana (norte), donde autoridades de ese país reprimieron a los nativos que protestaban por una serie de decretos que los aborígenes rechazan porque consideran que atentan contra sus derechos sociales y territoriales.
En esa oportunidad el embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, declaró que esta nación refugió a Pizango por considerar que su caso "tiene todas las características de perseguido político".
Por su parte, en entrevista concedida a teleSUR el pasado 19 de mayo, el líder indígena acusó al gobierno de su país de no tener "intención de atender las demandas de los pueblos originarios, que actualmente luchan contra la privatización de sus tierras en la Amazonia de ese país".
Dijo, además, que la medida en su contra evidencia que el Estado peruano buscaba criminalizar la propuesta de los pueblos indígenas.El operativo policial adelantado en la madrugada del viernes 5 de junio contra los indígenas provocó hechos violentos que dejaron un saldo de más de 40 fallecidos, según fuentes médicas, y más de un centenar de heridos.Sólo después de estos hechos, el gobierno aceleró la instalación de una mesa de diálogo con las comunidades indígenas, en la que no ha participado la Aidesep.El lunes, el primer ministro peruano Yehude Simon anunció que en la mesa de negociaciones se había acordado que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para derogar los decretos que originaron la protesta nativa.Cerca de 65 etnias de la Amazonia han impulsado la protesta desde el pasado 9 de abril, con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos que consideran son únicamente para viabilizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Perú con Estados Unidos.Los reglamentos que rechazan las etnias amazónicas son la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue suspendido la semana pasada por la facción oficialista del Congreso, es cuestionado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no se toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades, entre otras cosas.Por su parte, el decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan las etnias indígenas de la selva a sus terrenos.
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