LA PAZ, 17 junio (Qhana/costaricahoy.info) (IPS) – Un rotundo rechazo al retorno de la agencia antidrogas DEA y el control sobre el destino de la cooperación financiera son los principios de un nuevo acuerdo diplomático planteado por Bolivia a Estados Unidos para superar el turbulento trance marcado por diferencias ideológicas.
Transcurridos 58 años desde el primer acuerdo marco, el gobierno boliviano presidido por el izquierdista Evo Morales desea borrar la retórica clásica de los convenios y reemplazarlo por otro en el cual se habla de “mutuo respeto”, “principio de igualdad de derechos entre los estados” y “responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico”.
Los enunciados están incluidos en un documento que La Paz ha puesto sobre la mesa de negociaciones y no a la inversa como sucedió en otras ocasiones, comentó a IPS una fuente de la diplomacia boliviana dirigida por un indígena como el propio Morales y además su hombre de confianza, David Choquehuanca.
La historia reciente recuerda la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, el 10 de septiembre de 2008, por decisión del presidente Morales tras responsabilizarlo de apoyar a grupos de derecha y conspirar contra su gobierno.
La drástica medida no es la única en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y fue seguida por la expulsión de la agencia antidroga estadounidense DEA, por sus siglas en inglés, el 3 de noviembre del mismo año, ya en los tramos finales del gobierno de George W. Bush (2001-2009).
Desde la Casa Blanca, un enérgico Bush no dudó en castigar al gobierno de Morales con el anuncio de suspensión de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (Atpdea, por sus siglas en inglés), que permitía importar manufacturas bolivianas por unos 250 millones de dólares por año, libres de aranceles.
La desafiante posición política de Morales quien declaró no temer a nadie, “ni al imperio”, no retrocedió frente a la sanción económica y defendió los resultados de la erradicación de más de 5.000 hectáreas de cultivos de coca en 2008, superando las metas anuales.
Pero el informe sobre la estrategia internacional de control de narcóticos 2009, elaborada por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos considera que durante el gobierno de Morales aumentaron esos cultivos de 23.200 a 29.500 hectáreas.
Más contundente, Estados Unidos coloca a Bolivia en el tercer lugar entre los productores de cocaína del mundo, después de Colombia y Perú, con un potencial estimado de 120 toneladas métricas en 2008, un dato suficiente para considerarlo una “amenaza”.
Probablemente por ello el equipo negociador del nuevo gobierno estadounidense de Barack Obama, dirigido por el secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Tomas Shannon, insistió el 21 de abril en buscar el retorno de la DEA.
Pero Morales dejó sentir su negativa inflexible, tras asegurar que en el pasado fue víctima de la represión de uniformados estadounidenses cuando dirigía bloqueos de carreteras y protestas en el trópico del departamento de Cochabamba, donde forjó su liderazgo primero social y luego político hasta llegar a la presidencia de Bolivia.
Ahora parece ganar consenso la tendencia de buscar una segunda salida mediante una regionalización de la lucha antidroga, con la actuación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que reúne a los 12 países de la región, en tareas que antes eran desempeñadas por organismos de inteligencia estadounidense.
Entretanto, el gobierno boliviano espera la reanudación del acuerdo comercial de Atpdea, mientras los empresarios del departamento de Santa Cruz, que junto al gobierno local son opositores de Morales, afirman que las ventas a Estados Unidos cayeron en 23 millones de dólares entre enero y abril de 2009.
De ese monto, seis millones de dólares corresponden directamente a los productos que ingresaban liberados por el acuerdo comercial del Atpdea, sostiene el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que reúne a esos empresarios de la zona más rica en recursos naturales de Bolivia.
Aunque se mantiene el régimen del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que libera de aranceles a 4.000 productos, los exportadores consideran al Atpdea con mayores ventajas por las 6.000 partidas exentas de obligaciones tributarias.
El gobierno de Morales desea un reconocimiento tácito a su demanda de “ayuda sin condiciones” para ingresar en un esquema de relaciones que, desde la óptica del gobierno de izquierda, se denomina la “diplomacia de los pueblos”, hoy aplicada con Venezuela, Cuba y Ecuador.
Hasta ahora los factores que rodean e inciden favorablemente en esa nueva tendencia de acercamiento, impulsada por Morales y un grupo de intelectuales de izquierda, son la asunción de Obama como presidente de Estados Unidos, inclinado hacia una pacificación de las zonas de conflicto, y una caída histórica del capitalismo en su expresión más emblemática, como es el mundo financiero de las bolsas de valores y los bancos.
Con el mayor optimismo, la diplomacia surgida de las bases indígenas y de sectores contrarios a los modelos de globalización de la economía, intenta crear un modelo de diplomacia con cooperación, en el marco del respeto, con la suficiente fuerza para convertirse en referencia para los países de América Latina.
En esa corriente de rebeldía, el gobierno boliviano, a través del viceministro de Movimientos Sociales, Sacha Llorenty, informó de otro rechazo rotundo a un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, como el firmado por Perú y al cual se le atribuye la causa de los choques este mes en la Amazonia de ese país entre indígenas y policías, con el saldo de por lo menos 34 muertos.
Por el momento, La Paz desea corregir la flexibilidad del artículo 6 de los “Compromisos Especiales” del Convenio de Donación de Objetivo Estratégico firmado por Bolivia y Estados Unidos exactamente un mes antes de la caída y fuga del entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
La cláusula deja al donante (Estados Unidos) la libertad de gastar una parte de la donación de 56,4 millones de dólares, “sin necesidad de firmas de contraparte del gobierno boliviano, para reservar o utilizar dichos fondos”.
Basado en las denuncias de la abogada venezolana-estadounidense Eva Golinger, el gobierno de Morales asegura que estas libertades concedidas por Sánchez de Lozada, en medio del conflicto de la llamada “guerra del gas” entre septiembre y octubre de 2003, permitieron financiar a grupos de derecha y secesionistas.
La operadora de la donación financiera en Bolivia es la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), a la cual el gobierno observa con la sospecha de haber apoyado al fortalecimiento de los opositores, mientras los sectores sindicales de cultivadores de coca la acusan de tareas conspirativas.
El 26 de junio del año pasado, las instituciones financiadas por Usaid en el trópico de Cochabamba, la región donde se produce la mayor cantidad de coca de modo ilegal, suspendieron actividades por decisión de los fortalecidos sindicatos que decretaron su expulsión.
En estos días, en la empobrecida ciudad de El Alto, contigua a La Paz, grupos organizados de vecinos recolectan firmas para echar a Usaid esta urbe de unos 800.000 habitantes, y también probablemente de Bolivia.
Con ese marco de efervescencia social en un proceso que Morales llama la revolución democrática y cultural, aún resta conocer el grado de aceptación del gobierno de Obama, en una segunda ronda de negociaciones, a las posiciones de la diplomacia boliviana.
Desde La Paz se sabe que se desea un pronto intercambio de embajadores entre ambos países y poder enviar así al primer representante indígena de Bolivia ante la Casa Blanca, el canciller David Choquehuanca.
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